ALGUNAS FUENTES ASEGURAN QUE YA SE ENCUENTRA ESTABILIZADO

Y OTRAS QUE SE ESTABILIZARÁ DEL TODO DURANTE LA NOCHE

PERMANECE ACTIVO

EL FRENTE DEL ESTE

Al menos 3000 hectáreas arrasadas por el fuego

EFE-Europa Press 

El frente que se mantiene activo del incendio forestal que afecta desde el pasado viernes a la isla de La Palma está estabilizado pero no controlado y está localizado en un pinar situado en la zona alta del municipio de Mazo.

El Cabildo de La Palma indica que se ha registrado un considerable descenso de las temperaturas y la zona afectada por el incendio está cubierta de nubosidad y en algunos momentos, incluso, ha llegado a llover.

Además efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife han llegado a La Palma para sumarse al dispositivo preventivo que apoyará las labores de control y extinción definitiva del incendio, evitando que se reactiven los últimos focos de fuego.

El incendio sigue perdiendo fuerza, pero todavía está sin controlar el frente Este, con especial incidencia en la zona de Tigalate, en los altos del municipio de Mazo. A las labores de extinción se incorporaron ayer por la mañana dos aviones anfibios y 11 helicópteros, después de que tuvieran que suspender temporalmente su trabajo por las condiciones meteorológicas adversas. Desde Gran Canaria también partieron siete unidades terrestres pertenecientes al Consorcio de Emergencias de la Isla para luchar contra las llamas.

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, indico que el frente activo se sitúa en la zona conocida como la Montaña Horqueta, en la que hay un pinar denso situado a unos 1.300 metros de altura.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el decreto que recoge las ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el incendio durante este fin de semana y que contempla indemnizaciones a los producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente plan de seguros agrarios combinados, así como a empresas del sector turístico y partidas de 8.500 euros para las familias damnificadas.

Las consecuencias que ha tenido la tragedia ocurrida en la Isla se consideran muy graves "no sólo por las hectáreas quemadas, sino por las repercusiones para la seguridad de las personas y sus bienes, ya que el fuego ha afectado a núcleos urbanos y viviendas en el ámbito rural, que han obligado a la evacuación de personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas", según recoge el propio decreto de ayudas, informó hoy el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero.

El decreto contiene varios paquetes de medidas, en primer lugar, una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a paliar las necesidades más básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido los enseres básicos, independiente y compatible con las recibidas desde otras Administraciones Públicas. Estas ayudas llegarán hasta un importe máximo de 8.500 euros por familia.

Recoge también ayudas en materia de vivienda tanto para el alquiler como para la reparación, rehabilitación o reconstrucción de las viviendas. En concreto, se estipula, por ejemplo, que en los supuestos en que, como consecuencia del incendio, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda habitual, siempre que la misma no esté asegurada contra incendios, y si lo estuviera, en la cantidad que no sea cubierta por dicho seguro, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias concederá una ayuda de hasta el 50% del coste de restitución o reparación.

Además, para alquiler de viviendas, se establece una ayuda con un límite de 600 euros mensuales a los propietarios o usufructuarios, cuando se hubiera producido la destrucción total de la vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente o cuando debido al mal estado residual fuera necesario su demolición.

 

 

Asimismo, podrán beneficiarse de esta ayuda los arrendatarios, cuando la vivienda ocupada en régimen de alquiler y que constituya el domicilio habitual y permanente hubiera resultado totalmente destruida o fuera necesaria su demolición. Se concederán ayudas por la diferencia económica que pueda existir entre la renta de la vivienda siniestrada y la de la vivienda de nuevo arrendamiento de características análogas por un período máximo de 24 meses.

El decreto recoge también ayudas por daños en vehículos hasta un máximo de 6.000 euros. De la misma manera, se establecen indemnizaciones por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario. En ese sentido, el documento aprobado hoy recoge que serán objeto de indemnización en las explotaciones ganaderas, las pérdidas producidas como consecuencia de los daños registrados sobre áreas de aprovechamiento ganadero, siempre y cuando los animales de dichas explotaciones estén asegurados en cualquiera de las líneas de seguros contenidas en dicho plan.

En cuanto a las ayudas a empresas y profesionales en el sector turístico, el decreto recoge que serán objeto de ayudas las explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración, titularidad de empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores, así como, en su caso, las pérdidas ocasionadas a los titulares de las explotaciones turísticas con motivo del obligado desalojo de los establecimientos por razón de dichos incendios.

 

 

Se establecen también ayudas a empresas y profesionales que cuenten con 49 o menos trabajadores y hayan sufrido daños que hayan sido causados de forma directa por los incendios.

El decreto recoge que serán objeto de ayudas los daños provocados en infraestructuras públicas locales. La participación del Gobierno de Canarias en la financiación de las obras a ejecutar en las infraestructuras públicas municipales y en la red viaria insular afectadas por los incendios, se realizará mediante aportaciones dinerarias a las entidades locales afectadas. El Gobierno de Canarias financiará como máximo el 25 por ciento de las obras insulares y el 45 por ciento de las municipales.

Asimismo, el decreto recoge que se establecerán planes para la restauración medioambiental, la prevención de incendios y lucha contra la erosión mediante. Por último, el decreto recoge la posibilidad de que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias acuerde con el resto de las administraciones los convenios de colaboración necesarios para facilitar la aplicación de este decreto.